El aumento de la esperanza de vida y los progresos en la educación tienen consecuencias disímiles para las sociedades contemporáneas. Una de las tendencias que probablemente comenzó en los países de alto ingreso y se viene consolidando también en la mayoría de las naciones, es la preocupación de los ciudadanos por su apariencia personal y su salud.
En épocas pasadas, las mujeres prácticamente monopolizaban los productos destinados al cuidado del cuerpo, el rostro y por supuesto, todo lo relacionado con el maquillaje. En la actualidad, la inmensa mayoría de las grandes empresas del sector tienen líneas para hombres que cubren toda la gama de productos imaginables. Asimismo, ha habido una explosión en el tiempo dedicado a hacer ejercicios físicos de forma regular y con ello, los centros especializados destinados a satisfacer esta demanda. Cuba no es la excepción.
Los que vivimos en esta Isla hemos notado el aumento del número de gimnasios en prácticamente todos los rincones del país. En la Capital, hay una amplia oferta que se ha ido segmentando para los diferentes estratos de ingresos. Hay muchas propuestas novedosas que intentan acercar al país a mejores prácticas internacionales. La inmensa mayoría de estas instalaciones son negocios privados que enfrentan no pocos obstáculos, muchos de ellos compartidos con el resto de los emprendedores.
Al mismo tiempo, cuando uno recorre las ciudades se percata que existen gran cantidad de instalaciones deportivas abandonadas o en pésimo estado, como consecuencia de la falta de mantenimiento y el descuido. Este no tiene que ser un problema irremediable o de solución a largo plazo en espera de fondos estatales que no llegarán ahora. En las condiciones actuales, se pudiera crear un esquema mediante el cual muchas de estas instalaciones no vinculadas al alto rendimiento, pudieran ser administradas por un emprendedor privado.
El contrato de arrendamiento podría establecer los tipos de servicio que se brindarían en función de las condiciones específicas de cada lugar, así como sus tarifas. Para preservar la función social se firmarían contratos con los centros educativos que habitualmente usan las instalaciones, así como con algunas grandes empresas que estén interesadas en proveer de estas facilidades a sus empleados.
Asimismo, este contrato deberá establecer un tiempo mínimo de arrendamiento que permita amortizar las inversiones que se acometerán en las etapas iniciales, lo que estaría de acuerdo al monto de estas. Por las características de este sector, la gran cantidad de concurrentes permitiría alcanzar precios de moderados a bajos.
Uno puede imaginar una gran cantidad de ventajas. Por esta vía, se podrían poner a funcionar facilidades que hoy están cerradas o brindan servicios de muy mala calidad, reanimando la vida de zonas deprimidas y contribuyendo a ofrecer alternativas que hoy no existen. Sería una fuente de empleo diverso para las comunidades circundantes y muchos ciudadanos tendrían la posibilidad de usar el tiempo libre de forma sana.
En dependencia de la flexibilidad de las autoridades, se podría facilitar la importación de cierto equipamiento. Sin prejuicio de lo anterior, el florecimiento de estos emprendimientos estimularía el surgimiento y consolidación de una industria local productora de medios, partes y piezas destinadas a este tipo de centros.
En esta etapa de la propuesta, se perfilan tres obstáculos fundamentales, que son manejables en función de la buena voluntad de las partes interesadas. En primer lugar estaría el hecho de que aunque habrá más y mejores servicios, el disfrute de los mismos dependería de abonar una cantidad determinada. Sin muchas referencias para entender la economía de emprendimientos de este tipo, uno se imagina que la escala permitiría reducir los precios a niveles aceptables, pero habría que ser flexible para hacer los ajustes correspondientes.
Un segundo aspecto tendría que ver con la adquisición de equipos e insumos especializados. La existencia del monopolio en el comercio exterior implicaría flexibilidad y la participación de empresas estatales. Se sabe que hay experiencias que no han sido las más felices en este sentido.
Por último, el obstáculo mayor serían las prácticas y formas de pensar arcaicas que con total seguridad se opondrían a ampliar la participación privada en servicios hasta ahora retenidos exclusivamente por el Estado. Pero este no sería el primer caso, ya hay antecedentes como los repasadores, profesores de idiomas, gimnasios y algunos parques.
Un análisis desprejuiciado casi seguro mostraría que una propuesta de este tipo tiene más méritos que problemas. Es hora de pensar cómo seguir avanzando…
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