Durante el verano de 2019 se han reavivado otra vez, las discusiones sobre la fijación de precios en el sector no estatal y el papel del Estado en ese asunto. En esta ocasión, el detonante fue el incremento de los salarios en el sector presupuestado, una decision de las autoridades el pasado mes de junio.
Ante los temores más que justificados de que la medida terminara provocando un alza de precios debido a la continua escasez de bienes en el mercado nacional, el gobierno se decantó por introducir límites al movimiento de precios, y dictó tarifas “máximas” para un grupo de productos. Los controles se dejaron a discreción de las administraciones provinciales y municipales, sobre la base de reconocer las diferencias territoriales.
Desde el punto de vista de las autoridades, la intención de aumentar el salario de una parte de los trabajadores públicos, es loable. Sin embargo, acudir a controles de precios para “proteger su poder adquisitivo” es cuestionable, y sobre todo, poco efectivo.
La experiencia reciente del país con el instrumento en cuestión es inequívoca. En cada caso que se ha usado, solo ha contribuido a generar irritación en el sector no estatal, acompañado del empeoramiento de los servicios y el incremento de los precios. El tema se analizó en las sesiones de la Asamblea Nacional, en julio de este propio año. Por una parte, se reconoció que factores de oferta y demanda están detrás del movimiento de precios, para luego asumir que solo pueden operar los de oferta en estas circunstancias.
La declaración de ciertos servicios, por ejemplo el transporte, como actividades de interés público, y por tanto sujetas a regulaciones especiales, no es un descubrimiento del modelo cubano. La pieza que falta en dicho modelo es una interpretación cabal de lo “público”.
En otros contextos, un servicio público conlleva mecanismos de regulación donde participan “todos” los que tienen que ver con la actividad en cuestión, de manera tal, que se puedan atender los diferentes intereses y enfoques. No está mal reconocer que partes o grupos diferentes se aproximan a un fenómeno con posiciones divergentes. Lo que resulta conveniente y más eficiente a largo plazo, es garantizar mecanismos que permitan que esas diferencias sean vertidas, discutidas, y puedan tomarse decisiones que reconozcan cada uno de dichos intereses como legítimos. No solo resulta un buen ejercicio ciudadano y democrático, que lo debería ser aún más en el gobierno del “pueblo”, sino que es un mejor camino para garantizar la sostenibilidad de las medidas que se adoptan y su posterior implementación.
Es difícil entender las razones por las cuales no se pueden crear en Cuba consejos deliberativos para sectores como el transporte público. En ellos, participarían las partes interesadas, por ejemplo, en el caso que nos ocupa: el gobierno provincial; un regulador, de preferencia uno verdadero y neutral, que debería ser el Ministerio de Transporte; las empresas estatales, las cooperativas y los cuentapropistas (sus representantes); los clientes (público en general) y quizá expertos del sector (académicos, por solo mencionar alguno).
En ese grupo, se pondrían a debate problemas que afectan al sector de forma regular y las diversas propuestas para abordarlo. Además de que pocos dudan que la discusión colectiva verdadera (donde hay posiciones diferentes y un mecanismo para presentarlas y dirimirlas), sea mucho más efectiva en la búsqueda de las mejores alternativas; el ejercicio en sí contribuye a la construcción de ciudadanía y brinda un espacio de reconocimiento social hacia el sector no estatal, que va más allá del otorgamiento de una licencia y el pago de los tributos correspondientes.
Entonces, tomarían verdadero valor los pronunciamientos al estilo “hay una función social que cumplir para el sector privado y cooperativo” en el modelo cubano. Asimismo, se reduciría la crispación social que emerge necesariamente de la imposición arbitraria de decisiones que carecen de mecanismos transparentes de control social. No conviene a nadie (salvo a una pequeña minoría anclada en el pasado) establecer divisiones del tipo “el pueblo” frente a los “cuentapropistas”, que en definitiva son lo mismo.
Malas prácticas hay, y especulación también, pero son difícilmente exclusivos del sector no estatal. El único camino duradero para mejorar las condiciones de vida del “pueblo” es lograr condiciones para la creación de más riqueza, mejor repartida. En ese sentido, los controles de precios le hacen un flaco favor a esa promesa.