Flexibilización del cuentapropismo: ojalá la antesala de un cambio prometedor

Cuando las autoridades cubanas informaron que se implementarían cambios significativos en el marco regulatorio del trabajo por cuenta propia, las reacciones incluyeron prácticamente todos lo matices. Aunque lo anunciado es la mayor transformación para el sector desde 1993, parece cierto que las expectativas y el contexto de la sociedad cubana también han cambiado radicalmente desde entonces.

Para los emprendedores, 2020 ha sido un año retador. Incluso para los negocios establecidos, las condiciones son en entremos desafiantes para mantenerse a flote, sin mencionar su expansión. Pendiente todavía de los detalles incluidos finalmente en las normas, los anuncios dejan aspectos positivos. Entre ellos la ampliación del ámbito de actuación para el sector, incluyendo varias actividades profesionales; la aprobación de oficio de las licencias; la “ventanilla única”; y para muchos, la posibilidad de redefinir el alcance de su negocio sin la necesidad de acumular “tantos” permisos diferentes. 

Sin embargo, varios factores explican un recibimiento tan tibio. De hecho, el ruido fue mayor fuera de Cuba que en el patio. En primer lugar, un cambio normativo, si bien bienvenido, no resuelve los otros obstáculos que atenazan el desarrollo de la actividad privada, incluyendo el acceso a financiamiento en el sistema bancario, la participación directa en el comercio exterior, y la conformación de un mercado mayorista verdaderamente funcional. A lo que se pudiera añadir la modificación de los prejuicios con que es observado y tratado por las instituciones oficiales. Si bien el saldo es positivo, llamaron la atención, por lo contraproducente e innecesario de las prohibiciones que tienen que ver con los profesionales, las industrias creativas, y el sector turístico. Esto tiene mayor relevancia por cuanto pueden constituirse en precedentes negativos para otros desarrollos futuros.  

Para los analistas se plantean otras interrogantes. Por un lado, ya el sector tiene un tamaño apreciable. Y la economía necesita pasar a otra etapa de desarrollo. Una de las contradicciones más claras de lo que se ha hecho desde los noventa, son las pocas oportunidades que tienen los profesionales de hacer una contribución económica fuera del sector estatal. La visión dominante es que, si estos empiezan un negocio, constituyen una “pérdida” para las empresas estatales. A pesar de que, en no pocas de estas, apenas tienen oportunidades de desarrollo profesional. Las prohibiciones, si resultan imprescindibles, deben ser mínimas.

Por otro lado, las políticas hacia el sector adolecen de falta de foco, resultado del cortoplacismo que las impregna. El potencial de la Isla es enorme, precisamente, porque una buena parte de sus trabajadores son capaces de emprender tareas muy sofisticadas, por lo que hace preciso que el marco distinga entre emprendimientos de subsistencia, y otros que tienen potencial de crecimiento, incluso de penetración al mercado internacional. El desarrollo económico tiene que ver más con estos últimos que con los primeros.

Sobre todo, resulta intrigante comprender cómo este paso es coherente con el anunciado (aunque sin fecha todavía) de instrumentar la constitución de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES) de capital privado, las que sí pueden aportar una transformación cualitativa relevante para atender las necesidades de desarrollo, especialización y complejidad de los emprendimientos. La separación del patrimonio personal del de la empresa, la seguridad jurídica, y la posibilidad de involucrarse en transacciones de mayor calado, son algunas de ellas. Este paso no es equivalente, ni sustituye al anterior.  Y cuanto más breve sea el lapso entre uno y otro, mucho mejor.

Al propio tiempo, una mirada más global deja algunas ausencias que deben cubrirse más temprano que tarde. No existe un marco jurídico apropiado para las cooperativas, ni tampoco para los verdaderos trabajadores autónomos, que cubren un nicho validado en todos los países. Esto estaría relacionado con problemas más generales que han plagado la reforma económica, básicamente la inconsistencia de las decisiones, y en consecuencia la imposibilidad de extender seguridad y garantías al sector no estatal de cara al futuro. Ello ha dejado efectos indeseables que van desde la creación de menos empleos, hasta el crecimiento de la informalidad y la evasión fiscal.

Después de tantos años sin progresos apreciables, ojalá este sea un cambio como preludio de otras transformaciones de mayor impacto.